La determinación judicial de la pena constituye uno de los aspectos más relevantes del derecho penal, donde el juzgador debe establecer cualitativa y cuantitativamente la sanción penal. En el ordenamiento jurídico peruano coexisten dos sistemas principales: el sistema de tercios y el sistema escalonado.
El sistema de tercios, introducido mediante Ley N° 30076, se encuentra regulado en el artículo 45-A del Código Penal. Este sistema establece una división matemática del espacio punitivo en tres segmentos iguales. La ubicación en cada tercio dependerá de la presencia de circunstancias atenuantes y/o agravantes genéricas previstas en el artículo 46° del Código Penal. Así, ante la presencia exclusiva de atenuantes, corresponde el tercio inferior; la concurrencia de atenuantes y agravantes determina el tercio intermedio; mientras que la presencia exclusiva de agravantes ubica la pena en el tercio superior.
Por su parte, el sistema escalonado implica un proceso secuencial de determinación, donde se parte de la pena básica y se van aplicando progresivamente las circunstancias modificativas (agravantes o atenuantes) específicas del delito, seguidas de las circunstancias cualificadas o privilegiadas como la reincidencia, habitualidad, tentativa o complicidad secundaria. Este sistema resulta especialmente útil en delitos que contemplan circunstancias específicas o cuando concurren causales de disminución o agravación de la punición.
La aplicación práctica de ambos sistemas exige del juzgador una motivación cualitativa y cuantitativa. La primera implica identificar y valorar las circunstancias concurrentes, mientras que la segunda requiere explicar el quantum específico dentro del marco establecido. Todo ello debe realizarse respetando principios constitucionales como legalidad, proporcionalidad, culpabilidad y humanidad de las penas.
Jurisprudencialmente, la Corte Suprema ha establecido mediante el Acuerdo Plenario 1-2008/CJ-116 y diversos pronunciamientos (como la Casación 66-2017-Junín), criterios orientadores para la determinación judicial de la pena, enfatizando la necesidad de una motivación suficiente que justifique la pena impuesta en cada caso concreto.
La correcta aplicación de estos sistemas resulta fundamental para garantizar la predictibilidad de las decisiones judiciales y la igualdad en la aplicación del derecho penal, contribuyendo así a la seguridad jurídica y la justicia en la imposición de sanciones penales.
Elaborado por: Equipo de Alejandrius.
Lima, 26 de febrero de 2025.
